Vivas advierte que la pelea con los municipales podría costar caro a los geselinos.
El concejal de Consolidación Argentina puso el foco en las consecuencias económicas de la disputa laboral entre el Ejecutivo y los trabajadores. Acusaciones de irregularidades en descuentos salariales y un posible aluvión de juicios que, según el edil, terminarían pagando los vecinos.
La tensión entre el Gobierno Municipal y el sindicato de trabajadores municipales parece estar lejos de calmarse. Esta vez, el foco del conflicto no es solo la paritaria, sino las formas y las posibles implicancias legales que estas decisiones podrían tener para las arcas de Villa Gesell. El concejal Luis Vivas irrumpió en la escena con una advertencia contundente: el Ejecutivo habría incumplido la conciliación obligatoria, y la factura de ese error podría ser muy cara para toda la comunidad.
Los ejes de la denuncia
A través de un mensaje público, el edil detalló los puntos que considera más graves del accionar municipal:
- Descuentos salariales bajo la lupa: Vivas cuestionó la legalidad de los descuentos aplicados a los trabajadores, sosteniendo que se ejecutaron sobre un mes ya trabajado en su totalidad y contradiciendo acuerdos vigentes.
- Presuntas represalias: El concejal denunció que el conflicto no se limitó a lo salarial, sino que incluyó traslados arbitrarios, presiones y cambios de áreas de trabajo como supuestas medidas de represalia.
- La amenaza de la judicialización: El punto central de la advertencia es el riesgo de litigiosidad. Vivas sostiene que estas acciones no solo exponen al municipio a multas del Ministerio de Trabajo, sino que dejan la puerta abierta para que los empleados inicien demandas judiciales por daños o perjuicios laborales.
«¿Quién paga la cuenta?»
El planteo de Vivas va más allá de la política partidaria y busca interpelar al contribuyente. Según el edil, el costo de eventuales multas o sentencias judiciales en contra del municipio no saldrá de las arcas privadas de los funcionarios, sino del presupuesto público que sostienen todos los geselinos con sus tasas.
«Las decisiones que se toman hoy en el Ejecutivo tienen una responsabilidad económica que no debe recaer sobre la comunidad ni sobre futuras administraciones», sentenció el concejal. Bajo esta premisa, Vivas reclamó que el Concejo Deliberante tome un rol activo para investigar las responsabilidades administrativas de quienes impulsaron estas medidas.
Un pedido de responsabilidad personal
El concejal fue un paso más allá al sugerir que aquellos funcionarios que hayan tomado medidas contrarias a la ley o que hayan violado la conciliación obligatoria deberían responder personalmente por el daño económico ocasionado.
Por el momento, el Ejecutivo no ha brindado una respuesta formal a estos cuestionamientos, mientras el clima en el ámbito municipal sigue siendo de alta incertidumbre. La pregunta que queda en el aire es si el conflicto encontrará una vía de diálogo efectiva o si el municipio se encamina hacia una serie de demandas que, más allá del resultado político, dejarán un saldo negativo en el bolsillo de todos los vecinos.
